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Pinares en la Serra Gelada

El mantenimiento y cuidado de las zonas boscosas y de la cubierta vegetal está considerado como uno de los mecanismos más importantes de reducción de los efectos del cambio climático, por lo que está reconocido en el Protocolo de Kioto como uno de los sistemas complementarios de reducción de la efectos del CO2 en la atmósfera. Por ello Ecologistas en Acción del País Valenciano lamenta que este Plan, que debería ser una herramienta importante de lucha contra el cambio climático, no se redacte con esta pretensión, de hecho en todo el documento no se hace ni una sola mención al cambio climático.

El Plan presenta serias deficiencias en cuanto a la valoración de la población, la incidencia estacional del fuego, el uso erróneo de los datos estadísticos, el ámbito geográfico de aplicación, la distribución de la cubierta vegetal y su evolución, el abandono de las zonas cultivadas… por lo que durante sus quince años de vigencia prevista no se contempla ninguna de las previsiones de las modificaciones del medio ambiente ni de la realidad socioeconómica, todo ello motivado por una acusada falta de rigor de los datos estadísticos en que se basa el Plan.

Además no soluciona problemas básicos y conocidos en cuanto al riesgo de incendios por la falta de ordenación territorial adecuada y no prevé mejorar o eliminar riegos por las infraestructuras construidas en el medio natural. De hecho, incluso después del incendio del Puig Campana que según fuentes de la Conselleria fue provocado por un accidente en el tendido eléctrico, no se prevé una mejora en los requerimientos técnicos de este tipo de instalaciones.

En cuanto a las notas positivas del Plan cabe citar la consolidación de las infraestructuras ya realizadas, la valoración del trabajo de las unidades de prevención y las propuestas de reestructuración de las zonas y actividades de ocio, la importante valoración del pastoreo para la reducción del volumen de vegetación pirófita, y una tímida mención a la necesidad de sustituir el fuego como herramienta.

Ecologistas en Acción del País Valenciano reclama el total cumplimiento de la normativa existente en materia de prevención de incendios, como el Decreto 7/2004 del 23 de enero del Consell de la Generalitat por el que se aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones, y que actualmente se incumple en las extracciones de áridos, en la ejecución de PAIs, o en los trabajos en las infraestructuras eléctricas, en parte por la facilidad de eludir la normativa, tal y como reconoce el estudio del mismo Plan de Prevención.

Tampoco se cumple la obligatoriedad de los Ayuntamientos de confeccionar los planes locales de prevención de incendios y los planes locales de quemas. Estos planes locales son una obligación derivada de la aplicación de la Ley forestal de la Comunidad Valenciana 3/1993, que pese a los años en que está vigente no existe voluntad política de aplicarla.

Pero la más grave y preocupante de las carencias de este plan es que el documento que se presenta ahora oculta los datos sobre incendios forestales acontecidos desde el año 2004 hasta la fecha, de manera que no hace mención alguna al gravísimo incendio que supuso el mes de febrero pasado la destrucción de más de 1000 hectáreas de zona de importante valor ecológico en las laderas del Ponoig y el Puig Campana, y que representa el incendio más grande y grave acontecido en más de quince años en la comarca de la Marina Baixa.

En cuanto a las aportaciones que realiza Ecologistas en Acción mediante sus alegaciones al Plan de Prevención de Incendios de la demarcación de Altea, además de las ya mencionadas cabe citar la necesidad de aplicar una política seria en materia de reducción de emisiones de CO2 mediante la instalación en la comarca de una planta de generación de energía por biomasa para reducir el volumen de la cubierta vegetal con aprovechamiento, así como para eliminar la materia orgánica producida en las poblaciones y explotaciones agrícolas, además de la prohibición total de la quema de residuos, el abandono del uso del fuego como herramienta mediante ayudas para la adaptación a otros métodos, la potenciación del pastoreo con distribuciones de carga bien distribuidas, el cierre de algunas zonas de la comarca al tránsito en determinadas situaciones de riesgo meteorológico, el cumplimiento escrupuloso de la normativa de prevención de incendios, el cumplimiento de la normativa legal en materia urbanística, la creación de nuevas normativas sobre tendidos de líneas eléctricas, el aumento del periodo de contratación de las Unidades de Vigilancia, el aumento del número de Brigadas Rurales de Emergencia de contratación anual en la comarca, el cambio en la dirección técnica de los incendios forestales tal y como se hace en el resto del País Valenciano, y la implicación del agricultor mediante su actividad en la creación de cortafuegos entre otras.