Esta mañana se han reunido representantes de las organizaciones Amigos de la Tierra, CECU, COAG, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Plataforma Rural, Red de Semillas y Veterinarios sin Fronteras con Enrique Múgica Herzog para trasladarle la enorme preocupación de la sociedad civil ante la agresión a los derechos sociales, económicos y culturales que supone el cultivo y el uso de los transgénicos en España.

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Petición de dictamen al Defensor del Pueblo
Exposición acerca del desamparo ante la ley de la alimentación y agricultura libre de organismos modificados genéticamente.

Con la presentación del documento Exposición acerca del desamparo ante la ley de la alimentación y agricultura libre de organismos modificados genéticamente, estas organizaciones, que consideran imprescindible la misión del Defensor del Pueblo en la protección y la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas, denuncian la actitud del Gobierno español en materia de transgénicos. La reunión ha sido satisfactoria para todos los asistentes y el defensor del pueblo se ha mostrado interesado en la queja que se ha formulado, basada en la documentación entregada.

El Gobierno sigue tolerando el cultivo a gran escala de Organismos Modificados Genéticamente (OMG) en territorio español en contra de la mayoría social y frente a la actitud de precaución adoptada por países como Francia, Austria, Alemania, Hungría, Luxemburgo, Polonia, Irlanda, Grecia o Italia, que mantienen moratorias y prohibiciones a su cultivo. Los niveles de irresponsabilidad política en el Gobierno han alcanzado cuotas peligrosas. De hecho, y por primera vez, el Ministerio del Medio Ambiente, Medio Rural y Marino reconoció el pasado mes de octubre la existencia de personas y de empresas que han sufrido los efectos de la política de transgénicos llevada a cabo por el Ejecutivo español [1]. Pero lejos de ejercer un contrapeso al constante y agresivo lobby de las multinacionales agrobiotecnológicas, sigue rechazando tratar los asuntos que las organizaciones ecologistas, agrarias y sociales llevan años poniendo sobre la mesa, tales como la falta de transparencia en los mecanismos de aprobación, evaluación y control, la ausencia de registros públicos de los cultivos transgénicos, las irregularidades en el etiquetado de los alimentos transgénicos, o los reiterados casos de contaminación, etc. [2]

Desde hace una década las organizaciones de la sociedad civil denuncian los efectos sociales, ambientales y económicos de la presencia de maíz transgénico en España. La alimentación y la agricultura libres de transgénicos se encuentran en una situación de indefensión total y abocadas a la desaparición, de no poner una remedio inmediato a la actual situación. Frente a las 76.000 ha de maíz transgénico MON 810 de la multinacional Monsanto que se cultivan en España, la agricultura y la ganadería ecológicas siguen siendo víctimas de la multinacional y de la complicidad del Gobierno.

Además, las organizaciones que se han reunido hoy con el Defensor del Pueblo consideran que la situación actual no reconoce el derecho de consumidoras y consumidores a elegir si quieren o no ingerir transgénicos.

Las entidades presentes en la reunión han solicitado al Defensor del Pueblo:
- un dictamen sobre la situación de desamparo legal de la agricultura y alimentación 100% libre de organismos genéticamente modificados
- en su caso, una propuesta de modificación legislativa que garantizaría el amparo legal de la agricultura y alimentación 100% libre de OMG
- el traslado de su dictamen y propuestas a las instituciones pertinentes.

Notas

[1] En el orden del día de la Segunda Reunión del Grupo de Trabajo de OGM del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), convocada para el 21 de octubre de 2009 por el Ministerio, aparece un punto en el que se dice textualmente: “Coexistencia de maíz modificado genéticamente con maíz convencional y ecológico. Experiencias de agricultores afectados”. Ver Comunicado de Prensa del 22 de octubre de 2009