La participación ciudadana se ha revelado como un ingrediente básico para poner en pie mejores respuestas a los retos del medio ambiente y la sostenibilidad. La intervención de la gente permite realizar mejores diagnósticos de los problemas existentes, generar un abanico más amplio de opciones para resolverlos y movilizar un conjunto más amplio de recursos en favor del medio ambiente. Además, los procesos participativos facilitan la colaboración social para que las iniciativas acordadas sean puestas en práctica de forma efectiva.

Sin embargo, las vías institucionales para la participación en materia de medio ambiente siguen mostrando carencias muy notables en España. La variedad de instrumentos y metodologías conocidos para facilitar y dinamizar la participación ciudadana contrasta con el pobre conjunto de opciones que se suelen contemplar en el plano institucional. Pero además, diversos indicadores apuntan que los procedimientos más implantados en la gestión ambiental pública no están funcionando adecuadamente. Entre ellos podemos citar el escaso número de alegaciones presentadas en procedimientos como los periodos de información pública de las evaluaciones de impacto ambiental, o la baja frecuencia de reunión de muchos órganos colegiados de participación.

Lograr una mayor implicación social respecto a las cuestiones socioambientales pasa por facilitar procesos que permitan a la gente aportar la propia creatividad, puntos de vista, conocimientos y recursos, y compartir la responsabilidad de las tomas de decisiones. Pero no debemos olvidar que la participación ciudadana deseada, informada y responsable, requerirá algunos ingredientes básicos:

  • Información significativa, actualizada, plural y accesible.
  • Espacios de encuentro que faciliten el intercambio de ideas, el debate y la reflexión entre sectores con visiones e intereses diversos.
  • Vías que aseguren que los resultados de los procesos participativos estarán adecuadamente engarzados en los procesos de toma de decisiones.
  • Transparencia en la gestión y justificación pública de los acuerdos adoptados.

Para lograr que la participación no sea un mero trámite formal que se desarrolla al final de los procesos de planificación o de autorizaciones administrativas será necesario:

  • Facilitar la participación tan pronto como sea posible, cuando todas las opciones están aún abiertas.
  • Poner en pie fórmulas concretas de participación adaptadas a los contextos sociales concretos y que compongan un marco justo y transparente para la toma de decisiones.
  • Capacitar en materia de comunicación y participación a los equipos encargados de la gestión pública, para que estos aspectos se conviertan en un componente habitual de su trabajo.

Francisco Heras Hernández. El Ecologista nº 41