La Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza reitera una actitud de insumisión ante su obligación de facilitar el acceso del público a la información en materia de medio ambiente.

El Defensor del Pueblo ha solicitado por segunda vez y por vía de urgencia a la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza para que informe sobre el requerimiento realizado hace 4 meses motivado por haber denegado el acceso a la información a Ecologistas en Acción de Cantabria.

Los hechos se remontan a finales de marzo de 2013, cuando Ecologistas en Acción solicitó vista del expediente abierto por la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza por unos rellenos ilegales llevados a cabo en la orilla del Pas por parte de la empresa COPSESA.

La respuesta fue la denegación, con argumentos tan absurdos y estúpidos como infundados. Ante lo cual se realizó una nueva petición por escrito a la cual tienen obligación de dar respuesta antes de un mes. Transcurrido un año no se han dignado siquiera en contestar.

El pronunciamiento del Defensor de Pueblo ante estos sucesos es claro y rotundo a favor de nuestras pretensiones y así se lo comunica a la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza hace 4 meses, transcurridos los cuales tampoco ha obtenido respuesta alguna y esto ha motivado el tener que requerir una respuesta por segunda vez y por vía de urgencia por parte del defensor del Pueblo.

Es evidente que la transparencia sigue siendo una asignatura pendiente en gran parte de las administraciones públicas, las cuales les incomoda enormemente que cualquier ciudadano pueda ejercitar el derecho a información, fundamentalmente por lo que supone de control de sus actuaciones. Y la actitud de los responsables de esta administración es totalmente impropia e inaceptable en unos servidores públicos.

Estamos ante situaciones más propias de una administración predemocrática que la correspondiente a una sociedad supuestamente moderna. Por otro lado, la transparencia es uno de los mejores antídotos contra la corrupción, pero situaciones como ésta, son las que nos hacen dudar de la voluntad política de erradicar esta plaga del ámbito público.