Los Ministerios de Sanidad y Educación no aprovechan la Semana de la Educación, 2 al 6 de marzo, la gran cita de la comunidad educativa en España, para informar sobre los riesgos para los niños y jóvenes asociados al uso de las tecnologías inalámbricas en el ámbito educativo, y cómo minimizarlos, desoyendo irresponsablemente las alertas del Consejo de Europa.

La Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM) [1] denunciamos ante la opinión pública la continuada desinformación que año tras año, se mantiene sobre los riesgos para la salud asociados al uso de dispositivos móviles e inalámbricos, y sobre cómo minimizarlos. Una vez más pedimos a las administraciones públicas que sigan las recomendaciones proteccionistas del Parlamento Europeo, la Agencia Europea de Medio Ambiente y el Consejo de Europa, poniendo en marcha con carácter urgente actuaciones dirigidas a los sectores más vulnerables de la población (infanto-juvenil, embarazadas, personas de avanzada edad o con enfermedades crónicas) y a los espacios sensibles (guarderías y centros escolares, hospitales y centros de salud, residencias de la tercera edad, parques infantiles), en la línea de las mociones aprobadas por los ayuntamientos de L´Hospitalet del Llobregat, y Tarragona. Resaltar que las medidas aprobadas por el Ayuntamiento de Tarragona para proteger a la población de la contaminación electromagnética están incluidas en un ambicioso e innovador “plan de rescate ciudadano frente a la contaminación ambiental”.

Lamentamos que el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, así como al Instituto de la Juventud, en calidad de colaboradores especiales de este evento, desaprovechen la gran oportunidad que supone la Semana de la Educación para llevar a cabo «campañas de información dirigidas a padres, profesorado y niños para advertir de los riesgos del uso de los teléfonos móviles y de otros dispositivos que emiten microondas», en la línea de las recomendaciones de la Sociedad Española de Protección Radiológica, tal y como ya ha recomendado en el 2011 realizar a los Ministerios de Sanidad, Educación (los citados organismos pertenecen a estos ministierios) y Medio Ambiente la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, institución de gran peso en la defensa de los derechos humanos, en su Resolución 1815, «los peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos en el medio ambiente». Dicha Asamblea «lamenta la falta de respuesta a los riesgos ambientales y sanitarios conocidos o emergentes y los retrasos casi sistemáticos en la adopción y aplicación de medidas preventivas eficaces a pesar de las peticiones de aplicación del principio de precaución y de todas las recomendaciones, declaraciones y numerosos avances normativos y legislativos» (este es el caso de la ley aprobada el año pasado en Francia que prohibe el Wi-Fi en las guarderías francesas). «Esperar a tener pruebas científicas y clínicas sólidas antes de tomar medidas para prevenir los riesgos conocidos puede provocar unos costes sanitarios y económicos muy elevados, como fue el caso en el pasado con el amianto, la gasolina con plomo o el tabaco». En este marco, queremos resaltar los múltiples posicionamientos proteccionistas de organismos oficiales sanitarios y de protección radiológica a escala mundial.

En este sentido, exigimos a los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que garanticen la aplicación del Principio de Precaución de la Ley de Sanidad, de obligado cumplimiento para las administraciones públicas, y prioricen la defensa de los intereses de la población escolar frente a las posibles presiones del lobby de la industria de la telecomunicación que defiende sus grandes espectativas de negocio en el ámbito educativo.

Queremos trasladar nuestra gran preocupación por el hecho de que la población infantil y juvenil se exponga a radiaciones electromagnéticas de radiofrecuencias a edades cada vez más tempranas y de una manera más intensiva, siendo ésto favorecido por la implantación sistemática de dispositivos móviles como herramientas pedagógicas en los centros escolares, fruto de una irresponsable política de digitalización inalámbrica de las aulas.

También queremos reflejar nuestra indignación por la indiferencia institucional respecto a las declaraciones de científicos independientes de la industria de telecomunicaciones. Destacamos el último llamamiento internacional realizado a la OMS , a la ONU y a sus países miembros, por más de 200 científicos especializados en bioelectromagnetismo con más de 2000 publicaciones en la materia, científicos de la talla de Yuri Grigoriev, máximo responsable del Comité Nacional Ruso para la Protección Contra las Radiaciones no Ionizantes. Dicho llamamiento insta a la protección urgente de la población, muy especialmente de los niños, frente a la exposición a campos electromagnéticos de antenas de telefonía, wifi, teléfonos móviles e inalámbricos, contadores inteligentes, monitores inalámbricos para bebés y aparatos de tecnología similar, así como de aquellas infraestructuras utilizadas para la distribución de electricidad.

En este sentido, destacar que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aboga porque los científicos críticos más reconocidos que dan la alerta temprana dejen de ser discriminados y excluidos de los comités de valoración de riesgos, en el marco de la inaceptable situación de conflicto de intereses que se dan en la integridad, independencia y objetividad de la investigación científica.

La PECCEM demanda aprovechar este tipo de eventos educativos para potenciar el uso de dispositivos biocompatibles (como es el caso de la conexión por cable o fibra óptica recomendada para los centros escolares por el Consejo de Europa), alertar de los peligros del uso precoz, indiscriminado y prolongado de los teléfonos móviles y otros dispositivos inalámbricos, y educar sobre cómo reducir estos riesgos.

Notas

[1] PECCEM se compone de Confederaciones y federaciones de asociaciones vecinales (CEAV, FRAVM, CAVA,…), colectivos ecologistas (como los más de 300 grupos que componen la confederación de Ecologistas en Acción), asociaciones de padres y madres, de consumidores, de personas electrohipersensibles (EHS) y de colectivos y asociaciones, en general, preocupadas por los efectos para la salud de la creciente contaminación electromagnética.