Tras la primera sesión del juicio contra los denominados «8 de Yesa» y las recientes declaraciones del Delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, queda todavía más en evidencia que este proceso es un juicio político, como ha alertado desde el principio Ecologistas en Acción. El único objetivo es represaliar a personas que protestan contra las políticas del Gobierno del Partido Popular. La segunda vista tendrá lugar este miércoles 1 de junio

Esta lectura es aceptada por la mayoría de la sociedad aragonesa y navarra, independientemente de la opinión que se tenga sobre el proyecto de recrecimiento de Yesa. El PP se ha quedado solo, como evidencian las más de 50 mociones institucionales aprobadas de apoyo a los 8 de Yesa, entre ellas los parlamentos de Navarra y Aragón, las diputaciones provinciales de Zaragoza y Huesca, cinco comarcas aragonesas y los ayuntamientos de Huesca y Zaragoza.

Ecologistas en Acción hace público una vez más su apoyo a los ocho de Yesa e indica que la única salida a este proceso es su absolución. Sin penas ni sanciones, los queremos libres. La dimisión de Gustavo Alcalde como delegado del Gobierno en Aragón sería el único acto de justicia por este proceso.

Estas ocho personas imputadas arbitrariamente de delitos de alteración del orden público, resistencia y agresión a la autoridad son habitantes de la zona y simpatizantes de poblaciones vecinas que participaban en un acto pacífico, junto a otras 200 personas, para visibilizar su discrepancia con un nuevo proceso de expropiación de terrenos para las obras del recrecimiento del embalse de Yesa. En este caso se pretendían expropiar 60 hectáreas de las mejores tierras de Artieda, para una actuación que no precisa más de 10 hectáreas.

Actos de protesta contra los procesos expropiatorios relacionados con el recrecimiento del embalse de Yesa se han venido repitiendo durante los últimos sin ningún tipo de incidente y sin interferir en el proceso administrativo que seguía su curso.

A pesar de que todos los actos de protesta contra el recrecimiento de Yesa se han desarrollado siempre de manera totalmente pacífica y sin ningún tipo de altercado, el importante dispositivo de fuerzas de seguridad perpetradas para intervenir como antidisturbios (alrededor de 15 furgonetas y un helicóptero) y que los funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Ebro ni siquiera intentaran acercarse a informar del proceso expropiatorio a los propietarios de los campos afectados como en otras ocasiones, es un indicador claro de que, independientemente como se desarrollara la protesta, la excesiva carga que la Guardia Civil realizó contra los vecinos estaba tomada de antemano.

Este hecho queda demostrado en las pruebas documentales presentadas por la defensa en el juicio. Dos peritos han coincidido en que no han sido manipuladas. La lectura es clara, el único acto violento, desproporcionado, sin ningún tipo de justificación y que atenta contra el derecho a la protesta, fue la salvaje carga de la Guardia Civil contra el grupo de vecinos que estaban ejerciendo su derecho a la protesta de una modo totalmente pacífico.

Ecologistas en Acción se pregunta cuál puede ser el objetivo de cargar de una manera tan brutal contra un grupo de 200 personas que se encuentran en el acceso a su pueblo y en terrenos de su propiedad, sin que se pudiera justificar necesidad alguna de desalojo, con presencia de niños y personas mayores. La única respuesta posible es la necesidad de crear un momento de confusión con el que poder iniciar un proceso judicial contra ocho personas elegidas de manera arbitraria como escarmiento a todas las que osan criticar las políticas del Partido Popular, en este caso su política hidráulica.

Este hecho hay que enmarcarlo en la política realizada por el Delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, que desde el primer momento de su desempeño en este cargo ha destacado por sus actuaciones represivas contra diferentes actos de protesta y crítica en esta comunidad a la política del Gobierno del Partido Popular, mostrando un especial ensañamiento hacia algunas de las personas que han participado en las mismas a base de detenciones totalmente arbitrarias y sanciones desmesuradas.