Ecologistas en Accion de Segovia denuncia los movimientos de tierra y arado que se están llevando a cabo en un monte privado en el municipio segoviano de Sigueruelo, a 1.700 metros de altitud, en pleno Parque Natural de la Sierra de Guadarrama.

El propietario de una finca de 100 hectáreas ha conseguido los permisos de la Junta de Castilla y León para llevar a cabo el desbroce y arado del suelo de 91 hectáreas en una zona protegida como Uso Limitado Común por encima de la Cañada Real Soriana Occidental y hasta el límite de provincial, a 1.700 metros de altitud, con el fin de poblarla con pinos.

A pesar de la intervención de los vecinos, las máquinas excavadoras han levantado ya una gran parte de la cubierta vegetal de esa espléndida zona de la sierra, compuesta por una rica vegetación natural con sabinas, acebos, robles, enebros rastreros y piornos, donde se localizan hábitats protegidos, destacando los hábitat de Genista purgans y de brezales endémicos.

Ecologistas en Acción denuncia que el proyecto ha sido autorizado por Medio Ambiente y la dirección del Parque Natural en contra de la ley, pues no se ha sometido a evaluación ambiental a pesar de exigirlo la normativa estatal para las forestaciones superiores a 50 hectáreas, y no se ha consultado a las personas y asociaciones interesadas, ni se ha publicado el informe en el Boletín Oficial.

La repoblación autorizada utiliza la técnica más agresiva, con destrucción total del paisaje, y no ha tenido en cuenta ni su exposición aérea ni sus efectos sobre las aguas y la erosion, ni ha valorado la flora que ahora está siendo destruida. Se trata de una actuación que rememora las repoblaciones de los años sesenta, tanto por su contenido como por su oculto proceder.

El lugar que ha sufrido la agresión es escenario desde hace años de la práctica de parapente, actividad que concentra a deportistas en esta zona debido a las corrientes térmicas que se forman, la gran belleza del paisaje y la altura en esta parte de la Sierra de Guadarrama.

Desde Ecologistas en Acción se exige al Servicio Territorial de Medio Ambiente la inmediata paralización de las obras, el sometimiento del “Proyecto” a evaluación ambiental y su repercusión sobre el paisaje; un paisaje que ha sido totalmente ignorado, a pesar de ser un valor colectivo con una dimension social, cultural e identitaria, que ha de ser protegido.