En julio de 2015, Ecologistas en Acción interpuso demanda contencioso administrativa solicitando la nulidad del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos, aprobado en 2014. Con fecha 3 de noviembre, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ha estimado parte de las pretensiones de la organización ecologista. El fallo judicial deja sin efecto la calificación de nuevo suelo urbanizable – los sectores S-32 “Arlanzón”, S-33 “Villatoro”, S-35 “Villimar” y S-36 “Mirabueno”-, que preveía cerca de 15.000 nuevas viviendas. También, anula el plan regional para el Hospital Militar y corrige defectos en la unidad del bulevar entre la C/ del Carmen y C/ Las Casillas.
La sentencia da la razón a Ecologistas en Acción al considerar que no existe justificación racional que determine la necesidad de aumentar el suelo urbanizable de la ciudad. Al contrario, las previsiones demográficas, la existencia de viviendas vacías y de suelo urbanizable que aun no ha sido ejecutado; contradicen los hechos expuestos en el plan ahora parcialmente anulado. En realidad, tan solo la especulación urbanística, principio rector de la planificación de las ciudades desde hace décadas, puede justificar los sectores que han sido anulados. Precisamente, impedir la especulación y poner en valor el interés general y no solo el de las constructoras, motivaron en su día la demanda ecologista, que se ha visto respaldada por el fallo judicial.
La sentencia es recurrible en casación, pero a juicio de Ecologistas en Acción esta opción no debería ser el próximo paso que de el gobierno municipal, ya que únicamente retrasaría lo inevitable un par de años mas. El Tribunal Supremo, a quien se debe dirigir el recurso, ya ha establecido con absoluta nitidez en su jurisprudencia que es imprescindible justificar la declaración de suelo urbanizable, por lo que solo se puede esperar que el fallo mantenga la nulidad de los nuevos sectores urbanizables.
Ecologistas en Acción hace un llamamiento al gobierno municipal para que asuma la sentencia y lidere un proceso realmente participativo que finalice con un planeamiento urbanístico que regule la construcción de una ciudad ambientalmente sostenible y saludable para sus habitantes, y no solo el derecho a edificar como ha venido haciendo hasta ahora. También aprovecha para señalar que lo que ahora reconoce la sentencia, ya fue advertido por la organización ecologista durante la tramitación del planeamiento, siendo ignorada por el gobierno municipal, que en base a su mayoría absoluta optó por no escuchar otras voces que le ofrecen nuevas perspectivas para la construcción de la ciudad.
Ecologistas en Acción espera que la anulación sirva para un cambio de actitud y de estrategia de gobierno y se sienten de una vez por todas, las bases para que nuestra ciudad sea respetuosa con el medio ambiente y responsable con las necesidades de quienes la habitan.
