La impactante noticia en estos días de que la Federación Extremeña de Caza va a recibir una subvención pública procedente de la Consejería de Educación para favorecer la caza ”como deporte” en los centros educativos extremeños, ha generado una enorme polémica en muchos sectores de la sociedad, cuestionándose incluso la moralidad del uso del dinero de todos por parte de la Administración pública. El gremio de cazadores atraviesa una fuerte crisis, sin precedentes, ante un descenso de licencias y ante hechos tan abominables como el sucedido en Lleida con la muerte de dos agentes; junto a todo esto las especies protegidas, muchas de ellas amenazadas, están aquejadas por la incidencia en alza de los disparos según se desprende de las estadísticas de los centros de recuperación
No vamos analizar la justificación de la caza en pleno siglo XXI, ni si es necesaria de cara al equilibrio entre predadores, herbívoros y cubierta vegetal, aunque esta idílica armonía se fracturó en el momento en que la caza se convirtió en una actividad empresarial gestionada en aras de la máxima rentabilidad. Hoy se produce caza con métodos poco contrastados científicamente, y hoy se combaten los efectos de esa ruptura entre predadores-presas y la escasez o abundancia de especies cinegéticas con medidas maquilladas de control biológico más propias de épocas en las que se disparaba con arcabuz.
En todo este escenario, empresas dispares, gestores cinegéticos, propietarios y una gran horquilla de anexos (ferias, complementos, viajes…) han hecho que esta afición genere importantes divisas pero también una gran controversia por sus consecuencias sobre todo ecológicas. Algunas de estas especies que son disparadas con impunidad cada fin de semana, son las mismas en las que se invierte gran cantidad de fondos públicos para todo lo contario, es decir, para conservarlas. Se consideran por miles los ejemplares que son abatidos anualmente por acciones ilegales que contravienen toda la normativa al respecto y que, según las estadísticas, suponen una de las mayores amenazas para las especies silvestres junto a las electrocuciones y colisiones con líneas eléctricas. La confianza dada a un sector que, no es que no revierta su actitud hacia las especies protegidas, sino que además navegan en un mar creciente de derechos, bondades y benevolencia por parte de Administraciones.
Desde las propias Administraciones no afrontan, no solo cómo se gestiona la caza, o como se controla a los cazadores, sino los efectos de su práctica sobre los ecosistemas y las especies protegidas. Se trata de una grave exención de responsabilidades: consentir o no asumir la gravedad de estos hechos es una gran dejación de funciones que algún día pagaremos muy caro, perdiendo más especies y teniendo que dar cuentas a Europa. Pero si además, desde la propia Administración, incumpliendo preceptos de una moral básica, de patio de escuela, se otorgan subvenciones para favorecer la caza (maquillada de deporte) en centros docentes públicos, es como para reflexionar en qué momento de la evolución de los derechos, del crecimiento de sociedades justas, pacificas… estas personas que gobiernan se apearon.
Desde el punto de vista pedagógico es una aberración someter a los más jóvenes a estas enseñanzas; recordemos que con estas edades la plasticidad y la interpretación de conceptos, tales como la caza, matar y/o cualquier otro, puede distorsionar la realidad del/a niño/a, asumiendo que matar a un animal puede llegar a ser necesario, en detrimento de enseñanzas más acorde con el respeto a los seres vivos y su conveniente convivencia con ellos.
España, Extremadura sin ir más lejos, pertenece a un área biogeográfica dispar en ecosistemas y exclusiva en lo genuino de especies de gran valor en Europa y en el Mundo, conservada como un producto al vacío hoy convertido en referencia internacional. Particularidad milagrosa que la hace referente como primer destino para observar aves y paisajes conservados. Esta matriz de exponente biodiversidad debe ser correspondida con una buena gestión, de ahí la enorme responsabilidad de asegurar que todo este crisol de fauna, de endemismos, de paisajes… perduren en el tiempo sin riesgo de erosión genética ni poblacional.
La caza ilegal se encuentra junto con las electrocuciones, atropellos y colisiones entre las causas de ingresos más frecuentes en los centros de recuperación. España se ha convertido en un país en donde menores de edad pueden ya tener licencia para cazar; ahora además se les pretende inocular desde los propios centros docentes mediante la subvención pública. Los exámenes y controles a los cazadores son de risa, las sanciones a determinados cotos o particulares de anécdota, o de bronca de niños/as.
La noticia de esta subvención otorgada para maquillar de deporte, conservación de la naturaleza y actividad al aire libre al hecho de coger una escopeta y disparar sobre un animal silvestre, es insólita. Alguien tendrá que ordenar todo esto, alguien tendrá que decir algo… ¿o es que todos (incluidas instituciones) van a estar escondidas, calladas? Esto es un insulto a todo y las asociaciones firmantes extremeñas no van a permanecer impasibles y anuncian una gran campaña de información para anular esta ayuda y exigir las responsabilidades pertinentes en la Administración extremeña.
